Pál Fürcht, antiguo jefe de la Fiscalía Central de Investigación de Hungría, señaló directamente al ex primer ministro Viktor Orbán como quien ordenó interceptar el llamado «convoy del oro» ucraniano. En una carta abierta difundida este martes 29 de septiembre, sostiene que Orbán encargó el 3 de marzo de 2026 a los servicios de inteligencia la detención, dos días después, de siete transportistas de dinero que viajaban de Austria a Ucrania.
La afirmación constituye la acusación pública más explícita de un antiguo responsable de la investigación contra Orbán por esa operación. Hay una distinción decisiva: Fürcht no difundió con su carta las pruebas que, según él, sustentan esa conclusión. Tampoco hay constancia pública de que Orbán haya sido interrogado como sospechoso o acusado formalmente por la Fiscalía en este expediente.
Qué afirma el exjefe de la investigación
En la carta abierta compartida por el abogado Lóránt Horváth, que representa a los ciudadanos ucranianos afectados, Fürcht sostiene que los elementos reunidos por los fiscales hasta mayo apuntaban a una operación concebida con fines políticos. Según su relato, los servicios de inteligencia trataron el asunto con responsables de la Fiscalía el 4 de marzo y la denuncia que precedió al operativo llegó a los investigadores el día 5, cuando la acción ya estaba en marcha. Fürcht asegura que informó de sus conclusiones a sus superiores.
La información publicada por 24.hu sobre la carta subraya que el exfiscal no hizo públicos los documentos de investigación que demostrarían la orden atribuida a Orbán. Su declaración añade, no obstante, un testimonio con nombre y cargo a la investigación que Telex publicó en junio a partir de fuentes conocedoras de la operación.
El 28 de septiembre también se conoció una nota de un fiscal sobre una declaración de István Szathmáry, entonces jefe de un departamento de la Oficina de Protección de la Constitución. Según esa nota, el antiguo jefe antiterrorista János Hajdu habría aludido ante una comisión interna a la decisión de una persona a la que «no se podía implicar»; los presentes interpretaron que se refería a Orbán. La frase atribuida a Hajdu no menciona expresamente al ex primer ministro. La carta de Fürcht sí lo hace.
La operación del 5 de marzo y sus consecuencias
Agentes del Centro Antiterrorista (TEK) interceptaron el 5 de marzo, cerca de Budapest, dos vehículos que transportaban efectivo y oro del banco austríaco Raiffeisen hacia el banco estatal ucraniano Oschadbank. Detuvieron a los siete integrantes de la comitiva y confiscaron 40 millones de dólares, 35 millones de euros y nueve kilogramos de oro, un cargamento valorado entonces en más de 27.000 millones de forintos (aproximadamente 74 millones de euros).
La Fiscalía húngara comunicó posteriormente que investiga a János Hajdu por siete presuntos delitos de privación ilegal de libertad con trato vejatorio. Según la sospecha fiscal, él dirigió personalmente el operativo y los ucranianos siguieron bajo custodia del TEK al menos nueve horas sin fundamento legal, pese a ser tratados como testigos por la autoridad tributaria. Hajdu negó haber cometido delitos y recurrió su condición de sospechoso. Ese comunicado describe las órdenes que Hajdu dio a sus subordinados, pero no establece quién se las habría dado a él.
La investigación separada por presunto blanqueo de dinero contra los transportistas fue cerrada por la autoridad tributaria en agosto por ausencia de delito. El cargamento ya había sido devuelto a Ucrania en mayo. El cierre de ese procedimiento no resuelve por sí solo quién decidió ordenar la intervención.
Una investigación que alcanza a la cúpula del poder anterior
La Fiscalía General explicó en junio que una denuncia de la Oficina de Protección de la Constitución dio origen a la pesquisa por posible blanqueo y afirmó que solo conoció el operativo una vez realizado. También prometió investigar las circunstancias de la detención. Más recientemente, rechazó las denuncias de Fürcht sobre supuestas presiones internas para orientar investigaciones políticamente delicadas. Las representaciones legales de los transportistas presentaron una denuncia basada en sus declaraciones; su tramitación fue remitida a la Fiscalía Regional de Investigación de Szeged.
El punto pendiente es comprobar la cadena de decisiones entre el Gobierno, los servicios de inteligencia y el TEK. Los registros de comunicaciones, las actas de las reuniones y las declaraciones de quienes participaron pueden confirmar o desmentir la versión de Fürcht. Hasta que esos elementos sean examinados, la orden atribuida a Orbán debe presentarse como una acusación del antiguo jefe fiscal, no como un hecho judicialmente probado.