Hubo profesores que perdieron su empleo por dejar de dar clase durante unas horas para reclamar una educación mejor. Hubo alumnos que salieron a defenderlos y familias que acompañaron sus protestas. La movilización docente de 2022 dejó una huella profunda en Hungría. Cuatro años después, una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vuelve a situar en el centro de la discusión los límites que el Estado puede imponer a una huelga.
El fallo, fechado el 6 de octubre de 2026, considera que Hungría vulneró la libertad de asociación al imponer por ley unos servicios mínimos educativos sin justificar suficientemente su necesidad y proporcionalidad. La resolución no anula automáticamente los despidos de aquellos años: aborda el marco legal que condicionaba la protesta. Esa diferencia resulta esencial para comprender una historia que sigue abierta.
Una crisis que iba más allá de los salarios
El malestar se había acumulado durante años. Las organizaciones docentes denunciaban bajas remuneraciones, sobrecarga de trabajo, escasez de profesores y pérdida de autonomía profesional. Su protesta planteaba también quién podía decidir sobre la vida cotidiana de las escuelas y hasta qué punto los educadores disponían de medios efectivos para defender sus condiciones laborales.
En 2022, los sindicatos Pedagógusok Szakszervezete (PS) y Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) impulsaron acciones de huelga. El conflicto sobre los servicios mínimos se convirtió en uno de los principales obstáculos: para los sindicatos, las obligaciones impuestas mantenían tanta actividad que debilitaban la capacidad real de presión de una suspensión del trabajo.
Las restricciones se introdujeron inicialmente mediante un decreto durante la emergencia por la pandemia y después se incorporaron a una ley. El Gobierno defendía la continuidad de la enseñanza y los derechos de los alumnos; los docentes cuestionaban que esa protección se utilizara para dejar sin eficacia su protesta.
Cuando protestar significó perder el trabajo
Parte del profesorado optó por la desobediencia civil: interrumpir las clases al margen de las condiciones oficiales, asumiendo el riesgo de sanciones. No era jurídicamente lo mismo que participar en una huelga amparada por la ley. Precisamente por eso, las autoridades escolares trataron esas ausencias como incumplimientos laborales.
Uno de los episodios más recordados ocurrió a finales de septiembre de 2022 en el instituto Kölcsey Ferenc de Budapest. Cinco docentes fueron despedidos con efecto inmediato: Barbara Molnár, Emese Ocskó, Tamás Palya, Katalin Sallai y Katalin Törley, esta última una de las figuras del movimiento Tanítanék. Según la documentación de sus representantes legales, acumulaban entre todos 127 años de enseñanza y no tenían antecedentes disciplinarios.
El distrito escolar alegó que sus interrupciones del trabajo constituían incumplimientos graves y perjudicaban los derechos de los estudiantes. Los docentes, representados por el Comité Húngaro de Helsinki, sostuvieron que las sanciones eran desproporcionadas y discriminatorias. La disputa dejó una pregunta difícil de eludir: qué protección conserva quien protesta cuando considera que la vía legal ha perdido su eficacia.
Más despidos y una respuesta de solidaridad
El caso del Kölcsey no fue aislado. El 30 de noviembre de 2022 se anunciaron otros ocho despidos en tres institutos de Budapest, efectivos desde el 1 de diciembre. El Ministerio del Interior los justificó por la negativa a cumplir las obligaciones de trabajo y anunció advertencias a otros 24 docentes.
Las medidas avivaron las movilizaciones. Estudiantes, profesores y familias organizaron protestas y acciones de solidaridad. La defensa de los docentes despedidos pasó a formar parte de una reivindicación más amplia sobre el futuro de la educación pública. Las sanciones, lejos de cerrar el conflicto, lo trasladaron de las aulas a las calles y a los tribunales.
Un recorrido judicial con avances y retrocesos
Los cinco profesores del Kölcsey demandaron a su empleador. En noviembre de 2024 obtuvieron una victoria en primera instancia, pero la resolución fue modificada en apelación. El 1 de octubre de 2025, el Comité Húngaro de Helsinki informó de que la Kúria había confirmado el criterio de la segunda instancia y anunció que continuaría la defensa por la vía constitucional y, posteriormente, en Estrasburgo.
Por eso sería incorrecto presentar la sentencia europea de octubre de 2026 como una resolución que hubiera rehabilitado automáticamente a aquellos cinco profesores. Su litigio laboral y el proceso europeo sobre los servicios mínimos pertenecen al mismo conflicto social, pero son procedimientos diferentes.
Qué ha dicho Estrasburgo
En el asunto Réka Kiss y otros contra Hungría, el tribunal concluyó que las restricciones vulneraban el artículo 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cuestionó la falta de una ponderación adecuada entre los intereses enfrentados y el efecto disuasorio de las posibles sanciones disciplinarias.
La resolución no implica que toda huelga educativa deba carecer de servicios mínimos. Exige justificar las restricciones y preservar un equilibrio compatible con los derechos sindicales. El texto publicado señala, además, que la sentencia adquirirá firmeza conforme al procedimiento del Convenio; no debe confundirse su emisión con la conclusión de todos los trámites.
La reparación también necesita hechos
El 15 de octubre de 2026, la ministra de Educación e Infancia, Judit Lannert, destacó el pronunciamiento y defendió que las reformas del nuevo Gobierno habían ampliado la autonomía escolar, la participación del profesorado y las garantías laborales. Son afirmaciones del Ejecutivo que deben evaluarse a la luz de su aplicación en los centros.
Para quienes perdieron su puesto, el reconocimiento político y la resolución de sus situaciones personales son cuestiones distintas. El fallo europeo aporta un criterio importante sobre los límites del poder estatal. La reparación de los daños individuales dependerá de los procedimientos y decisiones que correspondan en cada caso.
Aquella movilización dejó una cuestión que sigue siendo actual: cómo garantizar la educación de los alumnos y, al mismo tiempo, permitir que quienes les enseñan puedan reclamar mejoras sin que el temor a perder su trabajo vacíe de contenido ese derecho.
Fuentes y documentos
- Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Réka Kiss y otros contra Hungría, sentencia del 6 de octubre de 2026.
- Comité Húngaro de Helsinki: demanda de los cinco docentes del Kölcsey, octubre de 2022.
- Telex: los ocho despidos anunciados el 30 de noviembre de 2022.
- Comité Húngaro de Helsinki: desenlace ante la Kúria y próximos recursos, octubre de 2025.
- MTI: declaraciones de Judit Lannert del 15 de octubre de 2026.