Hungría sigue sin fiscal general titular. El Parlamento rechazó el 28 de septiembre de 2026 la candidatura de Zoltán Szathmáry, propuesta por el presidente András Baka, con 138 votos en contra, ninguno a favor y una abstención. Tras la votación, Baka anunció que buscará un nuevo candidato lo antes posible y que mantendrá su criterio de no negociar previamente el nombre con los partidos.
Una vacante que continúa abierta
El cargo está vacante desde que Gábor Bálint Nagy dejó formalmente la Fiscalía General el 25 de agosto, tras presentar su dimisión en julio. Hasta que el Parlamento elija un nuevo titular, las competencias del puesto las ejerce István Lajtár, fiscal general adjunto.
La Fiscalía, por tanto, sigue funcionando con normalidad institucional, aunque sin un fiscal general elegido para un mandato completo. La legislación exige una mayoría de dos tercios de los diputados para cubrir el puesto, lo que convierte la búsqueda de un candidato con respaldo suficiente en una cuestión central.
Qué dijo Baka después del rechazo
El presidente afirmó tras la votación que el Parlamento había tomado su decisión y que ahora le correspondía a él presentar un nuevo nombre. Según declaró, quiere hacerlo “en el menor tiempo posible”. También dejó claro que no tiene intención de abrir una negociación política previa sobre la candidatura.
Baka sostuvo que buscará a una persona con preparación profesional suficiente para dirigir una organización grande y compleja, impulsar la renovación de la Fiscalía y contribuir a recuperar la confianza pública en la institución. El presidente añadió que el próximo fiscal general debe servir a la ley y no a las expectativas del Gobierno, de la oposición o del propio jefe del Estado. Estas fueron las condiciones que él mismo expuso públicamente tras el rechazo parlamentario.
Por qué Szathmáry no consiguió apoyo
Baka había anunciado el 21 de septiembre la candidatura de Zoltán Szathmáry, un fiscal con trayectoria dentro de la propia organización. El presidente explicó que había consultado con profesionales del mundo jurídico y que consideraba que el candidato conocía suficientemente el funcionamiento interno de la Fiscalía.
Sin embargo, la mayoría parlamentaria de Tisza anunció que no apoyaría la propuesta. El primer ministro Péter Magyar vinculó la falta de respaldo a dudas políticas surgidas alrededor del entorno familiar del candidato. Baka respondió posteriormente que conocía esas circunstancias cuando tomó su decisión y que disponía también de información no pública que, según él, ofrecía una imagen diferente. No existe una conclusión judicial contra Szathmáry derivada de esas informaciones.
El contexto: una Fiscalía bajo especial atención
La elección llega en un momento especialmente sensible. Varias investigaciones abiertas afectan a antiguos y actuales cargos políticos, mientras la nueva Oficina Nacional de Recuperación y Protección de Activos ha comenzado a asumir expedientes de alto perfil.
En ese escenario, el debate sobre la nueva jefatura no se limita a un nombre. En el Parlamento se discute también qué grado de autonomía, transparencia y credibilidad pública debe tener la institución que supervisa la legalidad de las investigaciones y representa la acusación pública.
Qué ocurre mientras no haya nuevo fiscal general
István Lajtár seguirá ejerciendo las funciones de fiscal general adjunto al frente de la organización hasta que el Parlamento elija al próximo titular. La situación provisional no tiene un plazo automático de finalización: puede mantenerse hasta que exista una candidatura capaz de reunir la mayoría parlamentaria requerida.
Al 1 de octubre, Baka no había anunciado todavía públicamente el nombre de su próximo candidato. El siguiente paso será, por tanto, una nueva propuesta presidencial y posteriormente otra votación parlamentaria.
Una elección que marcará los próximos nueve años
El próximo fiscal general será elegido para un mandato de nueve años. Por eso el debate tiene consecuencias que van mucho más allá de la coyuntura política inmediata.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma: qué perfil podrá reunir suficiente respaldo parlamentario y, al mismo tiempo, ofrecer garantías de independencia profesional, capacidad de dirección y confianza pública en una institución que desempeña un papel clave dentro del Estado de derecho.
Fuentes: MTI, Telex, Fiscalía General de Hungría y Sándor-palota.